Por Andy Lemoine Landa.

Cuando se trata de caracterizar al Estado mexicano –el que se yuxtapone a los desaparecidos, los abatidos y las fosas comunes— es frecuente que el analista en turno recurra al concepto de Estado fallido. Sin embargo, al menos para el caso de México, se trata de una herramienta analítica muy pobre que apuntala un imaginario muy difundido y poco esclarecedor. Esta idea hace aparecer como entes no problemáticos los “narcos”, los cuerpos de seguridad, las cúpulas empresariales y los partidos políticos. Incluso la resistencia de los movimientos sociales y los pueblos originarios encuentra su explicación en “la ausencia del Estado”.

¿Pero qué falla y qué se encuentra ausente o, en otros términos, qué se entiende por Estado? El Estado es, según el derecho, un órgano de la sociedad que se encarga de crear y aplicar la ley, de ahí que sea “de derecho”; es el representante de lo público en contraposición a lo privado, de ahí que sea el único legítima y legalmente facultado para imponer sanciones e impartir justicia. Se trata de un invento moderno y, en sus generalidades, de uno de nuestros instrumentos aún irrenunciables para la regulación de la convivencia humana.

La idea sobre la deseabilidad del Estado de derecho es compartida por los teóricos del Estado fallido mexicano. Para ellos, lidiamos con un Estado inoperante, pues sus mecanismos de creación, aplicación y sanción mediante la ley no se realizan de manera exitosa o, en el peor de los casos, se omiten o se violan flagrantemente. En este sentido su óptica está bien fundada: en efecto, nuestro Estado es inoperante desde el punto de vista del ideal del Estado de derecho, y de eso dan fe innumerables casos de corrupción y omisión por parte de las instituciones. En esta narrativa parecen tener sentido múltiples acontecimientos, tanto coyunturales como de mediano plazo: el doble escape de Joaquín Guzmán Loera, el surgimiento de los autodefensas, el caso Iguala, la incapacidad del Estado para regular a los privados (impuestos, uso de suelo, protección al consumidor, etcétera), entre tantos otros. Esto es lo mismo que afirman las Cámaras de Comercio cuando se refieren a la lucha magisterial: si las movilizaciones afectan el libre tránsito de personas y mercancías, es obligación del Estado garantizar su derecho mediante la represión y aprehensión de los infractores.[1]

El concepto de Estado fallido o ausente termina por ser, por lo tanto, la herramienta más socorrida para explicar las desventuras de los distintos grupos sociales y la ineficacia o ineptitud del Estado para solucionarlas. Pero ¿podemos conformarnos con esta perspectiva? Me propongo demostrar que no. Los principios explicativos meramente formales pueden ser útiles, pero una explicación precisa requiere un mayor esfuerzo analítico. No podemos limitarnos a constatar una y otra vez la ineptitud del Estado, pues eso, con el tiempo, se ha vuelto una verdad de Perogrullo. La homologación del México contemporáneo con casos como los de Italia o Colombia de hace unas décadas es una estrategia analítica incapaz de inquirir en el papel que juega la violencia en nuestro país; la convierte en un fenómeno genérico del cual el Estado es, por definición igualmente genérica, otra de las víctimas. ¿Y si, paradójicamente, el Estado se fortaleciera mediante su ausencia, mediante sus fallos y omisiones? ¿No sería problemático seguir hablando en estos términos?

Un principio metodológico básico para entender lo social es el rechazo de explicaciones apriorísticas, es decir, aquellas que pretenden explicar sin necesidad de indagar en las particularidades del objeto. En este caso, el concepto de Estado fallido suele estar acompañado por una retórica sobre lo que debería ser el Estado pleno. Pero en escasas ocasiones va de la mano con una indagación de hasta qué punto es plausible esta forma de asir el problema, mucho menos de una sobre cómo ha operado el Estado mexicano posrevolucionario y en qué medida hay, en la actualidad, puntos de ruptura y continuidad, tanto en el Estado como en el fenómeno más general de su relación con la sociedad.

En próximas entregas profundizaré en las aristas problemáticas de la narrativa del Estado fallido a la luz de evidencias empíricas que apuntan en una dirección diametralmente distinta. Por ejemplo, las fuerzas armadas tienen una “tasa de matanza” excepcional: ocho abatidos por herido en los combates del ejército, 30 por 1 para la Marina.[2] Los casos de Iguala, Tlatlaya, San Fernando, Allende, Narvarte, y recientemente Nochixtlan merecen y exigen algo más; la catástrofe humanitaria de este país lo vuelve no sólo necesario, sino urgente.

[1]Véase la rabiosa reacción del CCE, la Coparmex y Concamin a los bloqueos magisteriales aquí y aquí.

[2]Esto es un hecho inédito en el mundo, pues los ejércitos tienen en general una relación muertos/heridos en combate favorable a los segundos, por lo que las evidencias indican que nuestras fuerzas armadas realizan ejecuciones sumarias de manera sistemática. ¿Quién lo ordena y a qué estrategia obedece? La información puede consultarse aquí.

Foto de portada: Germán Canseco, Proceso.