Por Andy Lemoine

El imaginario del Estado fallido, con su torpe resonancia, dificulta la distinción entre una amplia gama de fenómenos; se desdibuja la diferencia entre la omisión, la incapacidad y el dolo; se diluye toda posible caracterización de la razón de Estado. Si lo que buscamos es entender la tragedia humanitaria de nuestro país, ¿no sería un gran paso asumir que el Estado es responsable de sus propios actos y, por supuesto, de sus inacciones?

Como he señalado a propósito del crimen de Estado de Iguala –en el que desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa—, la imputación al Estado de la responsabilidad por estos y otros hechos no pasa por la aplicación de los criterios típicos, porque nuestro Estado no funciona de manera típica. Igualmente, la narrativa de la ausencia de Estado es propia de la asunción común de que éste existe para hacer valer las máximas del derecho (por ende, donde no hay derecho falta el Estado). Éste termina por ser una entelequia, y sus actos, que no por ilegales dejan de ser racionales y obedecer a cierta lógica, se vuelven incomprensibles para el observador. En ese orden de ideas, si no se trata de un Estado típico, el punto de partida sería preguntarnos cómo funciona. Me enfocaré, por el momento, en el análisis histórico.

Desde su fundación, en el ocaso de la Revolución mexicana, el Estado mexicano se ha ostentado como democrático, cuya forma y fondo representa y obedece a las máximas populares (artículos 29, 27, 123 constitucionales, como los más explícitos). Sin embargo, también desde esa época datan los asesinatos selectivos, la represión de los movimientos sociales disidentes del régimen y los fraudes electorales. De ello dan fe innumerables e irrefutables registros, como apunta Pedro Salmerón en “El mismo PRI de siempre I y II.

En las décadas recientes, las de la llamada transición democrática y la introducción del neoliberalismo, la realidad no ha sido distinta: los escuadrones de la muerte, el paramilitarismo y todo tipo de crímenes han sido instrumentados y cobijados desde el Estado (cabe mencionar los más representativos: Acteal y Aguas Blancas al final del siglo pasado; Iguala, Tlatlaya, Tanhuato y otros tantos en los años más recientes). El juego electoral perdió toda credibilidad, no sólo por sus tristemente bien arraigadas costumbres: guerra sucia, superficialidad en el discurso, candidatos mal preparados, violaciones de procedimientos, etcétera; sino por el tendencial y temerario acercamiento de los partidos al crimen organizado. El cambio de siglas en el Ejecutivo federal no trajo nada nuevo al respecto: ni cambiaron las costumbres, ni se fortalecieron los contrapesos para erradicar la centralización de las decisiones y las violaciones sistemáticas a la ley. En síntesis, el proyecto de nación imperante siguió su curso y el añejo autoritarismo pervivió sin mayores complicaciones, como lo demuestra Bernardo Ibadrola.

El Estado mexicano, aunque de raíz popular, desde su fundación fue renuente a los procesos democráticos, y el apego (o no) a la legalidad ha sido una variable dependiente de la razón de Estado, de ahí su sostenido carácter autoritario. La concordancia con la norma no ha sido, como su etimología sugiere, lo normal; dadas las prioridades de nuestra clase política esto ha sido más bien casual, y en la mayoría de los casos la ley es creada o reformada para instrumentar la estrategia estatal imperante.

Si bien no se han desaprovechado las oportunidades para institucionalizar el conflicto, haciéndolo legible y controlable, en última instancia, y acaso por las profundas desigualdades que atraviesan a la sociedad, se ha tenido que recurrir a todo tipo de ardides (legales, ilegales y legaloides) cuando de neutralizar a la disidencia se trata. El poder es tosco y profusamente violento por su falta de arraigo social, que implica una desconexión entre el Estado y su sociedad. Esto se fortalece por las características de la sociedad, que se muestra –y valdría la pena preguntarnos por el papel del Estado mexicano en la potenciación del fenómeno— cada vez más fracturada, desigual e inconexa en sus distintos elementos (ideológicos, económicos, geográficos, etc.).

De todo esto se deriva que el estudio del carácter presuntamente fallido del Estado mexicano exige importantes reservas, un manejo cuidadoso de los datos y una revisión a fondo de los factores directos e indirectos que inciden en un determinado estado de cosas. El imaginario del Estado fallido mexicano se funda en el olvido de las notas características de su objeto: el Estado no es autoritario, sino fallido; no reprime, sino que falla en impedir el conflicto; no incurre en ilícitos, sino que es incapaz de hacer valer la legalidad. Si lo que buscamos es entender la tragedia humanitaria de nuestro país, ¿no sería un gran paso asumir que el Estado es responsable de sus propios actos y, por supuesto, de sus inacciones?