¿Un gobierno que vela por la vida de sus gobernados permitiría construcciones irregulares?

Por Omar Castañeda Saldaña

Septiembre de 2017 fue un mes catastrófico para la Ciudad de México. El día 7, cerca de las costas chiapanecas, se originó un sismo de magnitud 8.1 sentido con gran intensidad en la capital mexicana. El martes 19, dos horas después de conmemorar la hecatombe telúrica de 1985, un terremoto de magnitud 7.1 nos sacudió nuevamente, esta vez dejando fuertes afectaciones.

Ante el siniestro, los residentes de la ciudad se movilizaron para realizar labores de rescate, remoción de escombros, acopio y otras tantas actividades que el sismo nos demandó. Quienes asistieron a las tempranas muestras de solidaridad espontánea no me dejarán mentir: las instituciones públicas aparecieron para estorbar el trabajo, no para facilitarlo.

Ahora, como hace 32 años, lo que sobró fue la organización inmediata de la sociedad civil. Si algo se desbordó, fue el amor al prójimo, la ternura del pueblo volcado sobre sí mismo. La circunstancia, nuevamente, fue la incapacidad del Estado para estar a la altura de sus obligaciones.

La audiencia de los noticieros televisivos habrá recibido el relato oficial de esta tragedia: sin la coordinación de los distintos órdenes de gobierno, los daños no se hubieran atendido. Rescatistas, voluntarios, testigos presenciales y gente que usa medios de información alternos bien sabemos que ocurrió justo lo contrario. A pesar de ello, las instituciones oficiales siguen ahí donde no se les necesita, los políticos del repudiado gobierno saliente se dan tiempo para intentar captar los reflectores en medio del caos.

La primera responsabilidad –no la única– del Estado mexicano es asegurar la integridad de sus habitantes. Para cumplirla, su principal herramienta es el gobierno, es decir, la administración de los recursos del país y la legislación sobre los mismos. O sea que un gobierno congruente con su motivo de existir debería usar los recursos nacionales y crear disposiciones legales en pos de garantizar nuestras vidas dignamente.

Apliquemos esa idea al caso concreto de los terremotos de la Ciudad de México. ¿Las sucesivas administraciones han gobernado para salvaguardar nuestras vidas en caso de movimientos telúricos? Los hechos parecen indicar que no. Una lectura de las notas periodísticas publicadas sobre este evento incluso nos hará pensar que se ha hecho todo lo posible para desatender las consecuencias de asentar una megaurbe en un terreno pantanoso ubicado dentro de una zona de alta actividad sísmica.

Cotejar los puntos de emergencia de 1985 y 2017 nos demuestra que, en general, las colonias más afectadas no varían. Pero la ausencia de planeación urbana no es el único problema revelado por los sismos. Surgen cada vez más evidencias de que en la Ciudad de México la negligencia y la corrupción son comunes dentro de la industria de la construcción. Hay indicios suficientes para apuntar que éstas pueden ser las principales responsables de los derrumbes.

¿Un gobierno que vela por la vida de sus gobernados permitiría construcciones irregulares? Ocurrida la tragedia, ¿desplegaría sus esfuerzos para estorbar el trabajo voluntario? 1985 nos dejó varias enseñanzas, como la importancia de una cultura de la prevención y el papel que la sociedad civil debe jugar dentro de la arena pública. Descubrimos nuestra solidaridad y fuimos capaces de reconstruir la vida de esta bella aunque caótica ciudad.

Sin embargo, un terremoto de menor magnitud que el de 1985 nos ha puesto en jaque nuevamente. Algunos escépticos se preguntan si en verdad aprendimos algo en estas tres décadas. Pienso que a pesar de toda la inteligencia colectiva construida en este lapso, aún no hemos aprendido lo fundamental.

Tepozanes, la unidad que no puede volver a la normalidad

Iván Illich acuñó el concepto de contraproductividad. Este pensador decía que las herramientas que el ser humano ha creado para vivir, corren el riesgo de crecer tanto que en lugar de perseguir los fines para los que fueron planeadas, crean lo opuesto. Si algo nos han demostrado los terremotos de 1985 y 2017 es la contraproductividad de las instituciones públicas.

No es que sean ineficaces; sucede que les hemos dado mucho poder, más del que necesitan para cumplir sus objetivos. Nos creen incompetentes porque nos necesitan así, nos juzgan inútiles para seguir sujetándonos a su perversa lógica. La presencia de fuerzas públicas armadas en las zonas destruidas lo expresa contundentemente:

De las anómalas situaciones vividas en los septiembres de 1985 y 2017 debemos aprender que el poder de la mayoría, la organización de la gente común, su esfuerzo amoroso, son mucho más efectivos para asegurar nuestra vida en sociedad que el actuar de las instituciones públicas. El motivo de estas últimas se vuelve evidente en situaciones límites: su ambición es controlarnos.

La organización de la gente común es animada por el amor, que es la fuerza más imponente de todas. Nuestro compromiso ahora es reconstruir sobre el amor a la vida. Debemos aprender a desobedecer la lógica perversa de las instituciones. Más aún, nuestra obligación ahora es ponerlas en su lugar, recordarles que están para servir a la vida, no para negarla. Si no pueden cumplir con esta tarea, no tienen motivo para seguir existiendo.

Si las instituciones de impartición de justicia no pueden juzgar y castigar a los responsables de las muertes ocurridas por negligencia y corrupción, no las necesitamos; urge deshacernos de los encargados de la planeación urbana si no la hacen de forma concienzuda, teniendo como prioridad la vida de los residentes y no las ganancias de la industria inmobiliaria; es nuestro deber intervenir la educación básica si sus currículos no incluyen contenidos puntuales y significativos sobre cómo actuar en casos de emergencia para salvaguardar nuestras vidas.

Hemos de frenar urgentemente la contraproductividad de las instituciones públicas, antes de que sea demasiado tarde. Los 19 de septiembre de 1985 y 2017 nos deja esta gran lección, procuremos no olvidarla.

Foto de portada: Enrique Mendoza Ruiz