Un reportaje de Rony Morales, Gilberto Cucul / Desinformémonos

La Aldea la Cumbre Chamche se encuentra en el municipio de Tactic Alta Verapaz, en el territorio del pueblo maya Q’eqchi’, 25 familias que viven ahí no pudieron visitar a sus difuntos en el Día de todos los Santos, este 1 de noviembre. Fueron desalojados por el Estado de Guatemala de la finca donde ellos han vivido, desde que fueron mozos colonos.

La tierra se llena de tristeza, estas familias q’eqchi’ se quedan vivienda, quedaron en la calle, a la intemperie, sin nada cuando la lluvia no deja de caer.

Por orden de la jueza Úrsula Magnolia Teyul Yat, del juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán Alta Verapaz, se presentó el Ministerio Público (MP), la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) y 150 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) bajo el mando del subcomisario Moisés Soto de León para realizar el desalojo, también estuvo la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) — instancias representantes de gobierno, cuyo papel es velar por la defensa de derechos humanos- llegaron a la comunidad solo para defender a los terratenientes que quieren despojar a las 25 familias de su territorio ancestral.

La violación a los derechos humanos durante los desalojos fueron vulnerados a nivel individual y comunitario, los señores Raúl Alfredo Morales Cahuec y su hermano Óscar Rolando Morales Cahuec que son los finqueros, estuvieron presentes durante el desalojo y además la Policía Nacional Civil acosaba sexualmente a las mujeres.

Cuando fuimos a visitarles dos días después les encontramos con mucha tristeza y dolor, muchas personas llorando. Se quedaron sin vivienda, sin alimentos, algunas personas están enfermas de la piel, problemas estomacales, las madres que están dando de mamar tienen gripe y fiebre, algunos ancianos también tienen enfermedades respiratorias.

Están comiendo un poco de maíz, frijol que les llevaron personas de comunidades vecinas y algunas hierbas. Para dormir improvisaron un campamento con algunos parales, láminas y nylon que pudieron rescatar. Hay lluvias y la temperatura oscila entre 16 y 10 grados.

Esta comunidad ha vivido por cuatro generaciones en esta tierra, fueron mozos colonos de la familia Morales Cahuec. Esta familia aún adeuda las prestaciones laborales de los trabajadores, desde el año 2000, desde entonces las familias comenzaron una batalla legal por garantizar sus derechos. Mientras que pocas personas tienen grandes cantidades de tierra que no trabajan, les sacan violentamente usando al Estado para hacerlo, además que utilizan personas de otras comunidades para sacarlos, logrando que se confronten, rompiendo el tejido social histórico de los pueblos.

En ninguno de los casos de desalojo fueron observadas las normativas establecidas por el derecho internacional para estos casos. No existió un aviso previo por parte de las autoridades judiciales hacia las comunidades, ni se les otorgó el tiempo requerido para la evacuación de sus pertenencias. En algunos casos se les dieron 45 minutos para desalojar voluntariamente el área, pero invariablemente las fuerzas de seguridad de la empresa procedieron a la destrucción y quema de sus viviendas, y al robo de algunas de sus escasas pertenencias.

Acoso sexual

Una de las lideresas Q´ eqchí denunció que durante el desalojo, las mujeres fueron acosadas de forma verbal y tuvieron que retirarse forzosamente prácticamente, bajo el terror de que pasaran del acoso sexual a la violación, como ocurre en muchos casos. Se fueron cargando a sus niños, ropa, comida y algunas mazorcas, permaneciendo resguardadas dentro de la montaña y regresando en horas de la noche junto a otros comunitarios, en serias condiciones de subsistencia, están sin alimentos, vestuario, y sin techo para resguardarse.

Algunos representantes Q´eqchís dijeron que la problemática de la tierra se ha llevado constantemente ante diferentes gobierno de turno, quienes se han limitado a estancar la resolución de su problema en mesas de dialogo o negociación, y que los terratenientes nunca han respetado dichos procesos

Las instituciones que administran la justicia y la protección de la ciudadanía del país deben considerar que la vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la tierra y territorio de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

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Derecho Comunitario

Hicimos una entrevista grupal y denunciaron “lo que queremos que se conozca que las tierras nos pertenecen. Estamos pidiendo un derecho. Los que están ahí, algunos señores, compañeros ya grandes que están ahí, fueron trabajadores de ese lugar y por eso ellos sí tienen derecho de pedir sus derechos ancestrales. No es todo el terreno lo que se está ocupando, es como la tercera parte del terreno lo que ocupan los compañeros. El terreno tiene aproximadamente como doce caballerías, es grande. Son tierras ociosas, son montañas, grandes piedras.

Y además somos sin recursos económicos, no tenemos donde vivir. Algunos tienen donde asentar sus casas pero son muy pocos, y sólo para tener sus viviendas, no tienen para cultivar. Y todos, las 25 familias que están ahí, nadie tiene preparación académica, no es culpa de ellos porque no les permitieron.

El trabajo que han hecho en esa finca anteriormente los compañeros eran trabajadores de leche, de ordeñar leche. Ellos cargaban la leche debajo sus espaldas hasta llegar al pueblo. Los compañeros decidieron ocupar ese lugar donde estaban trabajando, porque no tenía producto en ese lugar.

La mayoría de ellos sólo rentaban para sembrar y hasta que decidieron, se juntaron y decidieron “bueno ¿para qué estamos rentando, si este lugar está libre, se puede trabajar?” Entonces decidieron juntarse y se fueron a presentar, por ejemplo, a Asuntos Agrarios, porque ellos (los Morales) no tienen documentos.“

Delito de usurpación

Una de las formas de represión es la criminalización y judicialización. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa de usurpación o usurpación agravada, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente defienden sus derechos, por considerarlos nocivos para la vida. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales, otras veces no. El mensaje para ambos casos es el mismo “que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio”.

Peticiones de las personas afectadas

-Que se respeten sus tierras.
-Que se realice la medición legal y se respete las conclusiones de la mesa de diálogo y establecer sus mojones.
-Que se libere al Rosendo Chen miembro de la comunidad encarcelado y acusado de usurpación agravada y que se cancele las 7 órdenes de captura en contra de comunitarios de forma inmediata.
-Que las familias puedan volver a construir sus viviendas y que dejen cultivar su tierra
-Que se respeten los derechos humanos que están siendo violentados.
-Con la estrategia de desalojar, capturar y crear ordenes de captura los perpetuadores del horror solo persiguen: defender los intereses económicos de las elites, de finqueros, empresarios y profundizar el proyecto militar de control y miedo para controlar el territorio por medio del saqueo y el despojo. Y finalmente con todo esto se busca controlar, neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio y el descontento social.

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