Por Redacción We´re Magazine

La Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada en lo general por diputados del PRI, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, normará la estancia y actividades de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir el crimen organizado, de acuerdo con sus impulsores, entre los que se encuentra Enrique Peña Nieto, quien consideró su aprobación como una “imperiosa necesidad”.

Sin embargo, esta polémica ley ha sido fuertemente rechazada por los partidos de oposición, organismos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales debido a que sostienen que su aprobación significaría perpetuar la violencia y violaciones a los derechos humanos que afectan al país.

A continuación, te presentamos cinco puntos para entender mejor la Ley de Seguridad Interior:

1.- Es una ley que propone intervención militar en zonas con graves problemas de inseguridad

Esta medida es un mecanismo legal que tiene por finalidad darle al Presidente de la República la facultad de ordenar el envío de tropas federales a cualquier zona del país cuyas autoridades locales no puedan contener una Amenaza a la Seguridad Interior. Es decir, una amenaza que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”.

2.- Ejército y Marina podrán intervenir a petición del Presidente, gobernadores, y congresos

Ante una Amenaza a la Seguridad Interior el Presidente puede ordenar la intervención del Ejército o la Marina en la zona que lo requiera, como también puede dar esa orden a petición de gobernadores o congresos. Dicha orden tiene que ser supervisada por el Consejo de Seguridad Nacional para determinar de qué manera intervendrá la Federación. Después de obtener su visto bueno, se expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior.

Una vez expedida, la Secretaría de Gobernación debe notificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para publicar la Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación.

3.- Más poder al Presidente

Sin embargo, el artículo 16 de esta ley establece que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas.

4.- Militares y marinos podrán realizar labores policiacas y de inteligencia

La ley establece que el Ejército y la Marina en la zona intervenida no sustituirán a las policías estatales y locales, ni las eximirán de sus responsabilidades. De hecho, tendrán que trabajar juntas. La ley establece que los gobiernos municipales y estatales deberán de colaborar en todo lo que les solicite la autoridad federal con el objetivo de mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior. Esto incluye: aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que requiera para llevar a cabo su trabajo, atender directamente las reuniones de coordinación, así como también auxiliar a las fuerzas federales en todo lo que requieran para acabar con la Amenaza a la Seguridad Interior.

5.- La intervención del Ejército y la Marina puede ser indefinida

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Seguridad Interior, al emitirse la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior la intervención de las fuerzas armadas no podrá exceder de un año. Sin embargo, la ley también permite que este plazo se modifique a petición del Presidente. “Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones”.

6.- Manifestaciones “pacíficas” no serán consideradas Amenazas a la Seguridad Interior

De acuerdo con el artículo 8 “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior”. Este último punto es uno de los más criticados debido a que las Fuerzas Armadas no tienen un buen precedente en materia de derechos humanos. Casos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, o los enfrentamientos suscitados en Santa María Ostula, Michoacán, han demostrado la incapacidad de las Fuerzas Armadas en garantizar el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus labores.

Con información de El Economista, Proceso, La Jornada y Animal Político.

Portada: Enrique Cedillo

Militarización en puerta: Ley de seguridad interior