Un artículo de Ana Sofía Ibarra y Luis Ortega / Fotos: Mayra Rojo

El servicio público de limpia funciona gracias a los 10,000 voluntarios que laboran para la CDMX sin salario, seguridad social, ni prestaciones. A pesar de que este grupo se caracteriza por su vulnerabilidad económica, el gobierno se beneficia de su trabajo sin un interés genuino por cambiar su situación.

Para don Celso y don René la jornada empieza desde las 4 a.m. El murmullo de su escoba resguarda las últimas horas de sueño de la ciudad. Preocupados, comienzan a barrer sin saber si lo que sacarán de propinas será suficiente para cuidar a sus familias: son cinco hijos de don René y el nieto de don Celso. Con una mano despiden al camión de basura que da servicio sobre su ruta, el cual genera el sustento del chófer, que en algunos casos es un trabajador sin contrato, y de 4 a 5 voluntarios que trabajan como peones y que, al igual que muchos otros, trabajan informalmente. Barren y recolectan basura en calles que nunca dejan de ensuciarse para limpiar una ciudad que no los reconoce, pues la importancia de su trabajo sólo podría notarse si se dejara de hacer. A ellos se les conoce como “voluntarios”.

El servicio público de limpia, recolección y gestión de residuos sólidos urbanos se lleva a cabo gracias al esfuerzo de una población de trabajadores, entre los cuales, una tercera parte (aproximadamente 10,000) labora sin contrato, sin salario y sin prestaciones. Desde hace décadas, el Gobierno de la Ciudad de México se ha beneficiado de su trabajo sin reconocer ni formalizar su relación laboral. De acuerdo con don Celso, la diferencia entre ellos y los trabajadores de base radica en que: “Aunque el trabajo es el mismo, lo que no es lo mismo es la paga.” En ausencia de un salario, los voluntarios obtienen su sustento económico gracias a las propinas y a la venta de los materiales reciclables.

Debido a su informalidad, estos trabajadores están expuestos a mayores riesgos y peores condiciones de trabajo. El entorno insalubre en el que realizan sus actividades  y la ausencia de cobertura médica pueden tener consecuencias fatales para los trabajadores. Don Celso nos cuenta: “un compañero era mi ayudante y se picó con una jeringa y le entró una bacteria, pero él se murió.” La situación no es fácil para ellos debido a que deben cubrir sus propios gastos de salud. Pero no sólo se trata de riesgos sanitarios, pues también están expuestos de manera constante a sufrir accidentes. Por ejemplo, Gilberto de 28 años, quien maneja de un camión de la delegación Iztapalapa tal como lo hacía su abuelo, comenta que el trabajo de recolección es inherentemente peligroso: “se han impactado automóviles con el camión y fallecen los compañeros, de hecho, eso apenas sucedió con un compañero muy joven al que atropellaron. Estar en el camión es un riesgo.” Además, debido a la demora en la reparación de las unidades por parte de la delegación, ellos mismos son quienes deben reparar las fallas mecánicas, de lo contrario perderían días de trabajo y los voluntarios no podrían obtener ingresos.

La mayor parte del gremio se dedica a esta labor como parte de una herencia familiar y pertenece a un grupo social y económicamente vulnerable. Al no reconocer los derechos laborales de los voluntarios, el gobierno impide que estas familias puedan tener una mejor calidad de vida. De acuerdo con Valeria, voluntaria desde hace 6 años: “Nosotros no tenemos garantizado que nuestros hijos puedan ser universitarios, pero me estoy esforzando para que tengan una buena educación y alimentación.” Ella comenta que enfrenta mayores dificultades porque este trabajo es considerado como un trabajo para hombres; debido a esto, cuando el chófer reparte las ganancias del día, a veces recibe menos dinero que sus compañeros, y esto afecta a su familia, pues es madre soltera.

En un momento en el que buscaba redefinir sus aspiraciones políticas, Miguel Ángel Mancera prometió contratar a diez mil trabajadores voluntarios bajo el régimen de Nómina 8 para el 16 de septiembre. Esto significa que tendrían un salario y acceso a servicios de salud a través de un contrato temporal. Sin embargo, Valeria afirma que hasta el momento los contratos se han repartido sin que ninguno de los voluntarios de su sección se haya visto beneficiados y menciona que a todos ellos les han solicitado su credencial de elector sin ninguna garantía de que realmente serán contratados y bajo la sospecha de que éstas podrían ser utilizadas para favorecer al PRD durante las elecciones del 2018.

Además, la pretendida estabilidad laboral que prometió Mancera a través de estos contratos sólo está en el discurso, pues la medida propuesta por el Jefe de Gobierno, y celebrada ampliamente por Juan Ayala y Hugo Alonso Ortiz, presidentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) y de la Sección 1 de Limpia y Transporte, respectivamente, no garantiza una contratación permanente ni un programa de jubilación para los voluntarios pues no generan antigüedad en la posición, por lo que un contrato temporal bajo nómina 8 no les ofrece la estabilidad que otorga una posición de base. Don Celso tiene 54 años y ha sido barrendero desde hace 27, si hubiera tenido un contrato permanente su jubilación estaría cada vez más cerca, pero ahora esa no es una opción para él: “ya estoy grande y si se me acaba mi trabajo ya no me contratarían en otro lugar.”

De acuerdo con los mismos trabajadores de limpieza de la ciudad, a lo largo de los años el PRD y el Sindicato han desarrollado una relación cercana. Concretamente, la sección de Limpia y Transporte le ofrece al partido ciertos beneficios por la capacidad que tiene para movilizar a sus trabajadores y a los voluntarios. Valeria, molesta, expresa: “Somos inexistentes, somos fantasmas para el Gobierno y para la sociedad, pero somos el motín perfecto para las elecciones o para campañas electorales.” Según su testimonio a los trabajadores de base les piden llevar las credenciales de elector de los voluntarios que están a su cargo; y a los voluntarios, acudir a mítines y eventos del partido para llenar las plazas, e incluso pintar las paredes y podar las jardineras y parques de la delegación: “Cuando necesitan apoyo para las elecciones nos hacen ir bajo amenazas, “si no vas te quito el tramo o te castigo 15 días”… como números y como credenciales de elector si somos buenos.” Para el partido que gobierna la ciudad no hay un interés genuino por mejorar su situación ya que, en estas condiciones, es más fácil servirse de ellos por medio del sindicato, para fines políticos.

 

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De acuerdo con Tania Espinosa, Coordinadora para América Latina del programa de Derecho de la fundación Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO por sus siglas en inglés), esto es así debido a que los trabajadores de limpia pública no cuentan con un ingreso estable para hacerle frente a sus necesidades básicas: “El impacto es laboral y el tema es la vulnerabilidad económica. Si tuvieran un salario, sería distinto.” Los voluntarios sólo pueden trabajar mediante autorización, tanto del sindicato como del gobierno. Como es caso de Don René quien debe pagarle una cuota semanal de $200 pesos al Jefe de Sector de su delegación para poder conservar su tramo y su carrito.

Don René, de 41 años, menciona que también ha sido víctima de fraude por funcionarios de la delegación: “Hace años unos trabajadores de la delegación me extorsionaron. Fueron dos ocasiones, y en cada una me robaron 10,000 pesos. Me pidieron papeles para otorgarme una base, pero nunca me dieron nada.” Su misma vulnerabilidad permite que surjan situaciones de violencia hacia los trabajadores voluntarios, quienes se sienten inseguros y desprotegidos ante grupos clandestinos que también tienen interés en la basura y que los han amenazado para apoderarse de sus lugares de trabajo, como lo menciona Gilberto: “esta situación nos ha hecho exponernos a que nos apunten con una pistola, y aunque uno quiera ganar dinero, ya no podemos. ¿Y dónde está el gobierno para regular eso o para decir que sólo ellos pueden sacar la basura? ¿Quién cuida nuestra chamba?”

La principal urgencia de un voluntario es cubrir sus necesidades básicas día tras día. Esto influye en que para ellos resulte muy difícil organizarse para exigir mejores condiciones y un reconocimiento justo, Gilberto comenta que cuando algún trabajador ha intentado hacerlo, la experiencia ha sido siempre de rechazo. “Incluso nos metemos en problemas. Comienzan a amenazarnos, nos comienzan a ubicar y nos castigan. ¿Si no me pagas, por qué quieres detenerme? Estoy peleando mis derechos, nada más.” Esta práctica se ha repetido con la promesa de otorgar contratos por parte de Mancera, pues estos han sido utilizados como un mecanismo de control para evitar la organización de los voluntarios pues, como cuenta Valeria, las autoridades han amenazado a los trabajadores que comienzan a organizarse con excluirlos de estos contratos, pero tampoco les garantizan que, de no hacerlo, los contratarán.

En palabras de Tania Espinosa: “México, a pesar de ser uno de los países más desarrollados de la región, en el tema de residuos es de los más atrasados y no en el ámbito tecnológico sino social, el de las personas que trabajan en ello”. En países como Brasil, Ecuador y Colombia, algunas organizaciones de recicladores han conseguido cambiar su situación a través de la exigencia de sus derechos laborales. Sin embargo, en México, esto es imposible debido a que estos trabajadores no cuentan con un respaldo institucional. Las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos actúan como una recomendación sin obligatoriedad y no hay un sistema de contrapesos que garantice su cumplimiento, lo que limita la capacidad que tienen los recolectores para defenderse ante los abusos de una autoridad como el sindicato o el gobierno de la ciudad.

Ha transcurrido poco más de un año desde que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitiera la Recomendación 07/2016 la cual realiza una descripción detallada del problema pero, como indica Tania Espinosa: “aunque la recomendación dice que estos trabajadores deberían tener un salario, deberían de tener seguridad social, que son discriminados, que son invisibles, que el gobierno se beneficia económicamente de ellos, etcétera, no ordena al gobierno hacer algo al respecto en los puntos recomendatorios.” El gobierno sólo ha dado admisión parcial a la Recomendación y las acciones para resolver este problema no han sido contundentes.

En realidad, la atención del gobierno de la ciudad se ha centrado en la construcción de una planta de generación de energía, a partir de la incineración de residuos inorgánicos, ubicada en el Bordo Poniente mediante una concesión a una filial de la empresa privada Veolia. Como indica Tania Espinosa: “Ahora el incentivo es la planta de generación de energía, un modelo incluyente es lo que menos les importa, porque su gran objetivo es decir que “somos una ciudad resiliente y sustentable””. La Norma 024 establece que estos materiales serán propiedad del gobierno, y éste se ha comprometido a otorgarle un volumen determinado a la filial de Veolia durante los próximos treinta años, por lo que no tiene incentivos para reducir la producción de basura. Supuestamente, el incinerador sólo utilizará residuos no reciclables, pero la experiencia en diversos países muestra que muchas veces se incinera material que sí podría ser reutilizado, por lo que esta medida tendría un impacto directo sobre la vida de los voluntarios, quienes se han dedicado al reciclaje como medio de subsistencia. Según Valeria: “ahora que el gobierno se da cuenta de que los reciclables sí valen, ya nos los quieren quitar, cuando antes era un negocio redondo para ellos, limpiábamos la ciudad sin sueldo y tampoco contrataron a trabajadores porque nosotros les hemos hecho su chamba gratis”.

El problema en México es que los recolectores y recicladores son considerados como parte de un estrato social ínfimo y han sido tan invisibilizados en la escala social que la mayor parte de los activistas sólo ha puesto atención a los temas ambientales, mientras que la reivindicación de estos trabajadores y de sus derechos ha quedado olvidada. En América Latina, la lucha de los trabajadores no se reduce a una búsqueda de mejores condiciones laborales, sino a exigir el reconocimiento de la importancia social de su trabajo. En nuestro país este es un servicio que exigimos pero que no valoramos. Don Celso nos cuenta: “casi no tengo días de descanso porque si dejo de trabajar se junta mucho la basura y la gente se “pone al brinco” si no voy por su basura”.

El trabajo de los voluntarios no se ha reducido a la recolección de residuos, sino que su contribución ambiental es muy significativa ya que, históricamente, son quienes se han ocupado de realizar el reciclaje. En palabras Gilberto: “somos los ecologistas número uno… al reciclar alargamos la vida de los rellenos sanitarios. Ayudamos a que no se contamine tanto porque nosotros reciclamos mucho, separamos la basura orgánica de la inorgánica, por ejemplo. Yo pienso que es uno de los servicios más importantes y el que más beneficia a la gente porque previene la proliferación de fauna nociva, la contaminación. Por eso es muy importante nuestro trabajo.”

En la experiencia de Valeria, ser invisible hiere: “A nosotros nos ignora el gobierno, nos ignoramos entre nosotros como trabajadores, pero también nos ignora la gente que no nos dice ni buenos días. Deberíamos acercarnos como personas, voltearnos a ver y preguntarnos qué pasa con nuestra sociedad. Recoger la basura es un trabajo digno, es una labor. Así como hay gente que trabaja en una empresa, los que recogemos la basura hacemos un trabajo. Todos necesitamos de todos, todos necesitamos de un trabajo, todos necesitamos comer, todos necesitamos de un sueño. Y nosotros los voluntarios tenemos la ilusión de tener algo seguro, un trabajo estable… tenemos miedo de que nos quiten nuestros ingresos.”

La mirada pornográfica de la opinión pública

*Algunos nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas entrevistadas.