Un artículo de José Ignacio de Alba y Arturo Contreras Camero para Pie de Página / Fotos: Fernando Santillán

Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido por la policía y encontrado cinco días después. Estaba golpeado y desorientado. El gobierno de la Ciudad de México deslindó a los agentes involucrados de su desaparición forzada. Pero no se trata de un caso aislado. En los últimos cinco años, la Comisión de Derechos Humanos ha documentado 25 casos similares. El reportorio de violaciones a derechos humanos cometidas por las policías de la capital incluye tortura, homicidio y violación

El 12 de enero de 2013, cuando apenas iniciaba la administración de Miguel Ángel Mancera, dos jóvenes —de 17 y 22 años—, fueron detenidos “sin motivo legal” por un policía de investigación de la Ciudad de México afuera del bar Living, en la colonia Juárez. Horas más tarde, sus cuerpos fueron localizados en la colonia Agrícola Oriental, de la Delegación

El hecho derivó en la recomendación 8/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia locales por el asesinato de siete personas a cargo de policías, en distintos hechos.

En el caso de los jóvenes del bar Livign, el policía responsable fue detenido y sometido a proceso legal, quien reconoció haberlos detenido, participado en el asesinato y luego mentido a sus superiores. Pero ni ese hecho ni la Recomendación de la Comisión evitaron que se repitieran.

“Las personas agraviadas, 1 y 2, fueron colocadas en una situación de inferioridad e indefensión; se afectó su libertad e integridad personal previa al ser privadas de la vida”. “La detención y muerte de las personas agraviadas no tuvo causa legítima”, fueron las conclusiones de la CDHDF.

De hecho, la Comisión de Derechos Humanos tiene un largo listado de violencia contra ciudadanos por parte de sus agentes de seguridad. En los cinco años del gobierno de Mancera, la Secretaría de Seguridad Pública y a Procuraduría General de Justicia han recibido por lo menos 25 recomendaciones.

Tan sólo una de las recomendaciones, la 14/2014 documenta la tortura de 95 personas, por parte de agentes de la capital, en 47 casos registrados entre junio de 2009 y mayo de 2013. Miguel Ángel Mancera asumió la jefatura de gobierno en diciembre de 2012. Sin embargo, entre 2009  y 2012 fue el titular de la Procuraduría de Justicia, por lo que la recomendación está dirigida también a la oficina que él dirigió.

Las torturas documentadas por la Comisión de Derechos Humanos en esos 47casos incluyen patadas, asfixia y violencia sexual. Una de ellas, ocurrida en 2011, relata:

“(…) fue golpada con la mano en la cara, la patearon y pisaron con unas botas la punta de los pies, le jalaron los pezones, le metieron la cabeza en el escusado, la golpearon en la espalda y la violaron vía anal y vaginal, para que aceptara su participación en un secuestro”.

“La ciudad más incluyente”, como la ha llamado el propio jefe de gobierno, tiene numerosas recomendaciones por violentar marchas. En al menos tres recomendaciones se habla de tortura, tratos crueles, degradantes y el uso selectivo del derecho penal en movilizaciones sociales.

La criminalización y la violencia por parte de las autoridades apunta, según se narra en casi todas las recomendaciones, a colonias de bajos recursos y zonas conurbadas de la Ciudad de México.

Pero hay casos más evidentes en su criminalización. La recomendación 7/2015 señala, por ejemplo, que 123 personas en situación de calle fueron criminalizadas y retiradas por la fuerza de zonas céntricas de la ciudad:

“(…) Seguridad Pública del Distrito Federal, llevaron a cabo acciones que tuvieron como consecuencia el retiro forzado de las personas en situación de calle […] ello se realizó sin que les permitieran sacar sus pertenencias y destruyendo sus viviendas construidas con cartón, plástico y madera”.

Otro caso emblemático es la Recomendación 19/2013, relacionada con la desaparición de 12 personas en el Bar Heaven de la Zona Rosa, el 26 de mayo de 2013. Los jóvenes, uno de ellos de 16 años, fueron sacados por la fuerza de un bar y después de estar desaparecidos fueron hallados en una fosa clandestina en Morelos. Al final, se detuvo a policías capitalinos por estar implicados en el caso.

Ese, y otros casos de desaparición son mencionados en la recomendación, dirigida a la Procuraduría de Justicia por la “falta de protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la ciudad de México”. Uno de los señalamientos importantes de la CDHDF es el trato especial con el que se deben tratar a niños y a adolescentes en su búsqueda. Y como medidas de no repetición, se requirió al Gobierno de la Ciudad “diseñar un mecanismo eficiente para estandarizar los procesos de investigación del delito de desaparición de personas y para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas con vida”.

Nada de eso ocurrió en los cinco días que estuvo desaparecido Marco Antonio Sánchez Flores, el estudiante de preparatoria que el 23 de enero pasado fue detenido y golpeado por policías del Sector Hormiga de Azcaptozalco.

La fotografía que tomó su amigo cuando los agentes lo sometieron, antes de ser llevado en la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, hizo la diferencia con los otros casos relatados en las 25 recomendaciones de la CDHDF dirigidas a las autoridades responsables de la seguridad la Ciudad de México. La movilización en redes sociales y la presión social fueron un factor clave para que el gobierno asumiera su responsabilidad en la búsqueda, aunque al final culpó al estudiante de su propia desaparición.El gobierno se deslinda de la desaparición forzada

Marco Antonio Sánchez Flores fue localizado este domingo en el municipio Melchor Ocampo del Estado de México, a 32 kilómetros de donde fue detenido por los policías del Sector Hormiga de Azcapotzalco, que lo detuvieron el martes 23 de enero en la parada de Metrobús El Rosario.

Estaba golpeado, rapado, y totalmente desorientado. Rengueaba de una pierna y no tenía un zapato.

“Además de físicamente, está en un mal estado mental, Le hacen preguntas y no responde bien. Le preguntaron donde había estado y por dónde había ido y respondió que iba por sus tenis (…) Eventualmente dio con un sitio de taxis al que llegó a pedir ayuda, lo iban a auxiliar y como no supo darles una dirección fueron a buscar una patrulla. Pero cuando escuchó patrulla se echó a correr”, narró uno de sus familiares en la madrugada, mientras esperaban en la fiscalía general de Tlalnepantla la revisión del médico legista.

La información a los familiares que esperaban afuera de la Fiscalía era proporcionada por los padres de Marco Antonio, que acompañaron el traslado del joven desde la barandilla de Melchor Ocampo hasta Tlalnepantla y luego a la Ciudad de México.

El día fue largo. Después de la concentración ciudadana convocada en el Ángel de la Independencia para exigir la presentación con vida de Marco Antonio, la Secretaría de Seguridad Pública convocó a una conferencia de prensa emergente, aunque en realidad se trató de la lectura de un boletín y no se admitieron preguntas.

Fue la primera respuesta de las autoridades de la Ciudad de México, después de cinco días de silencio por la desaparición del estudiante. El mensaje fue leído por el director general de asuntos internos de la SSP, Agustín González, y por el subsecretario de información  e inteligencia policial, José Gil García, quienes aseguraron que Marco Antonio fue detenido a petición de un ciudadano y puesto en libertad ese mismo día.

También identificaron a los agentes involucrados en la detención: Uvel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez, y aseguraron que dos de ellos estaba arrestados y que se habían entregado a la Procuraduría de Justicia los sistemas GPS de la patrulla, las grabaciones de radio de la frecuencia de ese sector en el lapso de tiempo de los hechos, las bitácoras y fatigas de servicio de los policías mencionados, el video en el que se observa la detención y que corrobora la participación de dichos elementos, así como otros materiales audiovisuales.

También aseguraron que habían iniciado todos los procedimientos derivados del requerimiento CDHDF/1/121/AZCAP/18D0540 emitido por la CDHDF, que es la única autoridad que ha reconocido la desaparición forzada. En un comunicado emitido ayer por la mañana aclaró que solicito a la SSP y a la PGJ “medidas precautorias para salvaguardar integralmente los derechos humanos del adolescente agraviado y se abrió la queja, calificada como caso de desaparición forzada”.

A las 8 de la noche, el gobierno de la Ciudad citó a una conferencia de prensa en la que el jefe de Gobierno; Miguel Ángel Mancera y los responsables de Seguridad Pública, Hirám Almeida, y de la Procuradoría de Justicia, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, mostraron un video que registraba a Marco Antonio con vida, en el Estado de México y deslindaron a los agentes de la desaparición del muchacho. “No hubo desaparición forzada”, repitieron varias veces.

Unos minutos después de terminada la conferencia, de la que había salido sin responder preguntas, el jefe de gobierno regresó al salón con un nuevo mensaje: “Nos reportan una llamada de alguien de la ciudadanía. La información que tenemos es que fue encontrado”, anunció triunfante.Las preguntas irresueltas

La versión de las autoridades  sobre este caso deja aún muchas dudas irresueltas. Estas son algunas:

¿Por qué y cómo detienen los policías a Marco Antonio?

¿Fue detención arbitraria? ¿Hubo abuso de la fuerza?

¿Sufrió tortura por parte de los policías que lo detuvieron?

¿Cómo y por qué desapareció Marco Antonio?

¿Por qué los policías capitalinos no aplicaron los protocolos en caso de menores de edad?

¿Qué acciones de búsqueda realizaron las autoridades a partir de que la familia denunció la detención por parte de policías y desaparición de Marco Antonio? ¿Por qué la #alertaamber se aplicó hasta el domingo 28 de enero por la noche, es decir 5 días después de su desaparición?

De acuerdo con la historia contada por Mancera, el joven había sido despojado de su celular al momento de la detención. No obstante, la policía especializada de la capital logró rastrear el sistema de localización satelital del aparato, lo que arrojó información de su ubicación durante los dos días siguientes. ¿Qué hicieron o no las autoridades con este dato? ¿Hasta cuándo lo rastrearon?

El sábado 27, las cámaras de seguridad del Estado de México encontraron a Marco Antonio en un puente peatonal de la avenida Gustavo Baz. Como sus movimientos eran erráticos, policías del estado lo detuvieron, por poner en riesgo su vida y la de los automovilistas que circulaban por ahí. Entonces, fue llevado al Juzgado Calificador de Tlalnepantla, pero como no había cometido falta administrativa alguna, a las 22:25 horas del mismo día, fue liberado. ¿Por qué no se siguió un protocolo de atención a menores de edad? ¿No sabían las autoridades del Estado de México que Marco Antonio estaba desaparecido? Ni una llamada a sus familiares, ni un aviso a las autoridades de la Ciudad de México, que, supuestamente, ya habían avisado de la desaparición del joven.

Los subsecretarios de Seguridad Pública de la Ciudad de México aseguraron que se había localizado a dos de los policías que lo detuvieron. Que se les había tomado declaración de los hechos y como medida precautoria, dos de ellos habían sido arrestados. Por la noche, Mancera reiteró: “Se ordenó la custodia provisional, especialmente de los dos elementos que participaron directamente en su detención, con el fin de asegurar su presencia en el desarrollo de las investigaciones.” Minutos después, ante una pregunta explícita sobre paradero de los otros dos agentes, Hiram Almeida aseguró que también están detenidos.

¿Por qué estos cuatro policías detuvieron a Marco Antonio? De acuerdo con la sucesión de hechos del gobierno recreada a partir de las declaraciones de los policías, porque un ciudadano paró a la patrulla y lo denunció ¿de qué? las autoridades lo ignoran. “Lo que señalan los policías es que detienen su circulación por petición de una de las partes, que les hace el llamado y el señalamiento de una persona”, aseguró Almeida
¿Por qué, después de detenerlo lo dejaron ir? De acuerdo con la policía, porque el joven se los solicitó y porque no encontraron al ciudadano que levantó la denuncia: “Ellos señalan que deciden bajarlo a solicitud del propio muchacho, y al no existir ante ellos, la parte acusadora que corroborará la denuncia original”, dijo Almeida.
Sobre cómo llegó Marco Antonio a Gustavo Baz, ni una palabra. Mucho menos sobre cómo llegó al fraccionamiento Álamos en el municipio Melchor Ocampo, del Estado de México, a 32 kilómetros de donde lo aprehendieron por primera vez, y donde fue encontrado gracias a una llamada de la ciudadanía.