Sale el sol en la Ciudad de México y los capitalinos despertamos con una regresión al 2006: en las calles de la caótica urbe aparecieron decenas de anuncios espectaculares donde se exhiben de nuevo los nombres de Juana Hilda González, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, César Freyre, así como el de los de los hermanos Tony y Alberto Cruz. Ellos son señalados de haber secuestrado y asesinado a Hugo Alberto Wallace, hijo de la empresaria, Isabel Miranda.
A la luz de nuevas pruebas, no solo se pone en entredicho el supuesto secuestro del hijo de Miranda, sino que se revelan las turbias relaciones de poder que configuraron la fabricación de delitos y la falsa procuración de justicia en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Este es el recuento.
En 2005, cuando la alternancia encabezada por el panismo de Vicente Fox gobernaba el país, un caso de secuestro se apoderó de la discusión pública: Isabel Miranda de Wallace, dueña de la empresa de anuncios espectaculares Showcase, dio a conocer con desesperación la búsqueda de su hijo Hugo Alberto a través de decenas de anuncios gigantescos alrededor del Valle de México.
Ante la conocida por todos dilación de la extinta Procuraduría General de la República, Miranda, retratada en esos años por los medios masivos como una madre en desesperación, emprende su propia investigación al lado de su familia y agentes privados. Pronto, la empresaria acusa con índice flamígero a seis personas que, de acuerdo con su versión, habrían participado en el secuestro de su hijo.
A modo de fiscalía y ya con Calderón y García Luna al mando del timón, Miranda de Wallace encabezó una encarnizada persecución contra los presuntos responsables, que habrían secuestrado y ultimado a Hugo Alberto en un domicilio de la colonia Extremadura Insurgentes, el infame Perugino 6.
De nuevo, y haciendo mano de anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades del país, México conoció los rostros de quienes no deben ser olvidados al haber sido violentado su debido proceso en múltiples ocasiones a lo largo de 17 años de infamia.
Con el respaldo de la televisión, periodistas que no cuestionan y autoridades negligentes, se violaron los derechos humanos de quienes en su momento fueron acusados con pruebas que, sabemos, se derrumbarían ante cualquier fiscalía funcional y que, como se ha investigado a profundidad por varios periodistas, serían falsas.
A la ganada reputación de heroína, Miranda de Wallace le sacó jugo con la fundación ‘Alto al Secuestro’, con la que ésta mujer metió la mano en casos de importante envergadura para la vida nacional como lo son Cassez-Vallarta y Ayotzinapa, donde pidió en espacios televisivos de alta envergadura que saliera de la investigación el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Hoy por hoy, hay siete personas detenidas en diferentes prisiones federales que, por poco más de 17 años, han pedido justicia y procesos justos. Aseguran, en sus confesiones existió tortura, violencia sexual y de género que habrían sido, acusan, instigados directamente por la activista.
Se cae una narrativa: caso Miranda bajo el ojo de la investigación periodística
Sentencias de más de 100 años para algunos de los imputados en el caso Wallace y la prisión preventiva de más de 17 años para Brenda Quevedo son los ‘logros’ que ha presumido Isabel Miranda en la búsqueda de justicia para su hijo.
En 2018, Guadalupe Lizárraga, periodista del medio Los Angeles Press, publicó el libro ‘El falso caso Wallace’, una investigación que retrató la fabricación de pruebas para inculpar a los siete presuntos secuestradores. Además, revela que Hugo Alberto Miranda habría hecho compras con su tarjeta de crédito después de haber fallecido.
Casi de forma simultánea, Ricardo Raphael y Anabel Hernández entran al caso, que ya había sido olvidado por la opinión pública. Además de lo ya expuesto por Lizárraga, encuentran que la gota de sangre hallada en la escena del supuesto crímen habría sido cotejada con el padre adoptivo de Hugo Alberto y no con su real progenitor, por lo que la evidencia principal del caso caería a pedazos.
A través de denuncias, amenazas y diferentes métodos para amedrentar, Miranda de Wallace es el claro ejemplo de la argucia: siempre hay respuesta para todo, siempre hay una justificación al increpar, nunca hay titubeo, nunca hay fallas en la discursiva.
La llegada del Ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la atracción del expediente de Juana Hilda González Lomelí, no solo se cae el caso que puso a temblar a una nación, sino que se marca precedente en la reparación de daños de quienes serían víctimas de una calumnia sin nombre y que sirvió como una herramienta para atentar contra lo más importante para los mexicanos: el sistema de justicia.
Un artículo de Rodrigo Sánchez, periodista digital de la Universidad de Melbourne.
Foto de portada: Wikipedia
